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Revista de Geografía • Número 22 • Año 2018 • Vol. XXII • ISSN 1514-1942 • San Juan - Argentina
DISEÑO DE UNA PLANIFICACIÓN URBANA
Y ARTICULACIÓN ECONÓMICA REGIONAL
A FINES DEL SIGLO XVIII
[ FECHA ENTREGA. 24/05/2018 - FECHA APROBADO 28/06/2018 ]
Ana T. Fanchin
Dra. en Historia - Directora del programa “Espacio, Población y Géneroâ€
anatfanchin@yahoo.com.ar
Sonia Véliz Codina
Lic. en Geografía - Participa del programa “Espacio, Población y Géneroâ€
soesve3@hotmail.com
1. RESUMEN
2. ABSTRACT
En este trabajo se analiza la disposición de centros
urbanos fundados en el siglo XVIII y sus conexiones, en
una fracción del territorio hispano colonial comprendida
a ambos lados de la cordillera de los Andes. Al congu-
rarse las fronteras nacionales, en las últimas décadas del
siglo XIX, ese cordón montañoso fue el hito demarcato-
rio que seccionó el territorio en dos ámbitos jurisdiccio-
nales diferenciados -de Argentina y de Chile-. Sin em-
bargo, hasta ahora, aquellos procesos de poblamiento y
desarrollo económico han sido estudiados por separado,
This paper analyzes the disposition of urban cen-
ters founded in the 18th century and their connections,
in a fraction of the Hispanic-colonial territory included on
both sides of the Andes mountain range. When the na-
tional borders were set, in the last decades of the 19th
century, this mountain range was the demarcation miles-
tone that divided the territory into two different jurisdic-
tional areas - Argentina and Chile. However, always those
processes of settlement and economic development have
been studied separately, circumscribed to these state de-
circunscribiéndose a esas delimitaciones estatales.
En esta oportunidad proponemos visibilizarlos en
su conjunto, con la intención de comprender mejor la
funcionalidad asignada y las dicultades afrontadas en
su aplicación.
La investigación se sustenta en la revisión de estu-
dios realizados en ambos países y fuentes inéditas pre-
servadas en el Archivo General de Indias.
Palabras clave: política poblacional, control social,
integración, recursos, circulación.
limitations.
Now we propose to make them visible as a whole,
with the intention of better understanding the assigned
functionality and the difculties faced in its application.
The research is based on the review of studies con-
ducted in both countries and unpublished sources preser-
ved in the Archivo General de Indias.
Key Word: population policy, social control, integra-
tion, resources, circulation.
3. INTRODUCCIÓN
La conquista europea del territorio repercutió pro-
fundamente en las estructuras poblacionales y culturales,
desplegándose una diversidad de formas de organización
de las economías y las sociedades latinoamericanas (Cas-
tro, 2000, p.39). Particularmente se organizó en torno
a enclaves productivos especializados para el mercado
externo –minas, haciendas y plantaciones- combinando
una producción diversicada para el autoconsumo que
dinamizó un mercado interior en amplias extensiones.
En esta oportunidad, nos detenemos a examinar
precisamente cuáles fueron las estrategias políticas adop-
tadas por las autoridades metropolitanas para ordenar la
administración del territorio, procurando extremar medi-
das de control y disciplinamiento de sus habitantes. Con
ese propósito es que centramos la atención en una región
concreta, que mantuvo una uida comunicación duran-
te todo el período colonial y bien avanzado el siglo XIX,
comprendida aproximadamente entre las latitudes de
28°30’00’’ y 37°48’50’’sur y longitud entre 65°15’30’’ y
74°30’15’’ oeste situándonos en un momento crucial que
marcó importantes cambios, tanto en la metrópoli como
en las colonias.
En el marco de las reformas administrativas introdu-
cidas por la casa de Borbón se procuró estimular la vida
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urbana, más aún tratándose de territorios situados en las
zonas de frontera. Para asegurar un control más efectivo
del estado era preciso fortalecer la dominación en esos
territorios situados en los connes, como el caso que nos
ocupa, emplazado en el extremo sur del vasto imperio.
Con este cometido fue creada la Junta de Poblaciones
de Santiago de Chile, institución que emprendió una ac-
ción sistemática para la fundación de ciudades, villas y
pueblos.
Tal iniciativa -común a otros espacios hispano colo-
niales- ha sido sucientemente abordado en las historias
nacionales pero un cambio de perspectiva, que observe
la disposición administrativa del espacio en el momento
que acaecieron los hechos, nos posibilitará comprender
mejor el diseño de un proyecto fundacional emprendido
en aquel entonces.
La organización territorial y urbana en
el siglo XVIII
Desde los inicios de la conquista y colonización del
territorio en Hispanoamérica se planteó claramente la
creación de centros urbanos -ya fuesen ciudades, villas o
pueblos de indios- y esta iniciativa cobró singular impulso
en el siglo XVIII.
Las medidas adoptadas entonces, sustentadas
en ideas propias del movimiento ilustrado, tenían la -
nalidad de aanzar la dominación en la totalidad del im-
perio, dinamizar actividades productivas y aumentar los
ingresos del erario. Por ello, es que en el diseño de nuevos
patrones de asentamiento se prestó especial atención al
trazado de caminos y puentes que conectarían los cen-
tros poblacionales, integrándolos en el mercado colonial.
El propósito de la política borbónica era ejercer un
mayor control en el tráco comercial para asegurar la
percepción tributaria, para lo cual era preciso mejorar las
conexiones entre centros poblados y fortalecer zonas vul-
nerables a los ataques, los saqueos y el contrabando.
Así fue que la corona se abocó a mejorar el con-
trol de las burocracias, elites y poblaciones locales. De
tal modo, la planicación urbana se presentaba como
alternativa para integrar áreas productivas, a la vez que
la concentración de la población permitiría disponer de
la mano de obra necesaria y asegurar el ejercicio efectivo
del poder colonial.
Al mismo tiempo, esta política urbana reformista era
impulsada por la recuperación demográca, principal-
mente por el crecimiento de poblaciones mestizas. Por
otra parte, los nuevos patrones de asentamiento obede-
cían a factores de orden económico ante la demanda del
mercado colonial.
En el área considerada, al despuntar el siglo XVIII,
los únicos centros urbanos que subsistían después de la
destrucción de las ciudades del sur –entre 1598 y 1602-
eran Santiago, La Serena, Valparaíso, Chillán, Concepción
y Castro, además de las tres ciudades cuyanas de Men-
doza, San Juan y San Luis
1
. Esto derivó en una creciente
ruralización del territorio, y los intentos por desruralizar
a la población durante el siglo XVII –en especial durante
el gobierno de Tomás Marín de Poveda- no fructicaron
(Lorenzo, 1986:19).
Las acciones fundacionales se concretaron con pos-
terioridad bajo el impulso de la Junta de Poblaciones,
institución creada al efecto, y merced a la gestión de Pre-
sidentes y Capitanes Generales del Reino de Chile: José
Antonio Manso de Velasco (1735-1745), Domingo Ortiz
de Rosas (1745-1755), Manuel Amat (1755-1761), An-
tonio Güil Gonzaga (1762-1768) y Ambrosio O´Higgins
(1788-1795).
En esta última etapa, la región de Cuyo, que había
formado parte del Reino desde mediados del siglo XVI,
ya había sido separada del mismo e incorporada al Vi-
rreinato del Río de la Plata. Pero la continuidad de los
emprendimientos fundacionales estuvo asegurada bajo
el liderazgo del Marqués Sobre Monte, en su carácter
de Gobernador Intendente de Córdoba del Tucumán,
del cual pasó a depender la región. Se trató de un plan
fundacional sistemático (ver gura 1), sustentado en un
análisis pormenorizado de los espacios y con miras a im-
plementar una completa articulación, potenciando la ex-
plotación de recursos y asegurando la concentración de
mano de obra necesaria.
La envergadura de este proyecto demandó grandes
esfuerzos durante varios años sin que los resultados fue-
ran siempre los esperados, al menos en el corto o me-
diano plazo. A veces, hechos fortuitos como catástrofes
naturales dilataron las acciones, pero en general los prin-
cipales escollos se debieron a la confrontación de intere-
ses entre los sectores sociales involucrados.
1 En el reino de Chile se incluía entre sus once corregimientos el de Cuyo, hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata y la instru-
mentación del régimen de intendencias.
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Figura Nº 1 Principales centros urbanos. Chile, siglo XVIII
Las comunicaciones y control del tráco
Un aspecto importante que se tuvo en cuenta fue
asegurar la interconexión entre estos centros urbanos.
En tal sentido, se procedió al mejoramiento de los ca-
minos y edicaciones que facilitaran el tránsito, como
puentes y garitas de resguardo en la cordillera. Estas
obras también cumplían un papel importante de control
y recaudación tributaria. La política fundacional motivó
la realización de estudios destinados a reordenar el es-
pacio y como resultado de los proyectos elaborados se
jerarquizaron centros poblacionales o se fundaron otros
nuevos.
Estas acciones, de ningún modo fueron tomadas al
azar, pues eran complementadas con las obras necesa-
rias para asegurar su supervivencia. En algunos casos,
por la extrema aridez del terreno, se proyectan canales
para conducir el agua y tornarlo habitable. La construc-
ción corría por cuenta de los vecinos y para el caso de
puentes o habilitación de caminos se les asignaban las
tareas a arrieros y carreteros que los transitaban. Como
esta política ocupacional estaba orientada a vincular y
controlar el uido tráco que se concretaba entre Bue-
nos Aires y Valparaíso a través de Cuyo, tanto la insta-
lación de los centros fundacionales como la red vial que
los conectaba revela armónica coordinación, tal como
puede apreciarse en la gura 2.
Por disposición de la Junta de Poblaciones se rea-
lizaron estudios de reconocimiento, cuyos resultados
nos proporcionan valiosos testimonios descriptivos. Al
mismo tiempo, se orientó una política tributaria con el
n de recaudar fondos para la construcción de edicios
públicos en las nuevas villas y apertura o mantenimiento
de caminos. Las carretas que iban y retornaban carga-
das desde la provincia de Cuyo a la de Buenos Aires
debían pagar un impuesto de 4 reales cada una, medio
real por cada mula, cabeza de ganado vacuno o cabal-
gadura que se vendía a los indios y un peso por cada
carreta de madera cortada en Corocorto
2
. Los fondos
recaudados eran destinados para la construcción de edi-
cios públicos y compra de herramientas para las nuevas
villas. Además, para solventar el nanciamiento de las
obras requeridas se implementó el “Ramo del Pontaz-
goâ€, impuesto que se cobraba en el paso de los ríos.
Así, una Real Orden del 30 de marzo de 1746 dispuso
subvencionar la edicación del Convento de la Merced
y de la Compañía de Jesús, en la Villa de San Felipe el
Real creada en 1742, mediante el usufructo por doce
años sobre el comercio que atravesaba el puente del
río Aconcagua (Lorenzo y Urbina, 1978: 33-37). Otra
de las preocupaciones de las autoridades hispanas fue
construir un camino, acorde a los avances técnicos de la
2 Archivo General de Indias (en adelante AGI), Audiencia de Chile, Leg. 138, fs. 1/3.
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época, que supliera a la antigua ruta incásica-colonial de
conexión entre Uspallata y el Valle de Aconcagua, pro-
yecto que se materializó a partir de 1765 y contempló
también el trazado de dos caminos, uno por la Dehesa
al interior del valle del Mapocho y otro por cajón del río
Maipo (Méndez, 2014).
En estas acciones fue decisiva la intervención de
Ambrosio Higgins, él mismo cruzó la cordillera como de-
lineador y ayudante del ingeniero militar Juan Garland
en 1763 y dos años después fue aprobado el proyecto
que había presentado para construir “garitas o casillasâ€
destinadas al resguardo de los viajeros
3
.
Estas obras permitían agilizar el tránsito entre Men-
doza y Santiago de Chile, al mismo tiempo que cons-
tituían vías expeditas para el traslado de la plata que
potencialmente se extraería de Uspallata. La explotación
de vetas mineras de oro y plata en ese sitio data de la
primera década del siglo XVII, pero con ciertos interva-
los y períodos de abandono en la actividad por lo cual
se dictó una Real Cédula de 1768 ordenando fomentar
los trabajos mineros. Empero, la primera propuesta para
emprender una seria labor para transformar una econo-
mía doméstica de pirquineros particulares a un moderno
sistema productivo fue presentada por Francisco Serra
Canals en 1799 (Sironi, 2013). Este emprendedor cata-
lán había arribado a la zona hacía más de veinte años
y entre otras tantas iniciativas propuso la construcción
de puentes y caminos. El mismo costeó algunas de es-
tas obras, como un puente provisorio de madera en la
unión del río Tunuyán con el Desaguadero (Martínez,
2000: 208), previendo la posterior construcción de uno
de piedra de mayores proporciones a nanciarse con la
recaudación del pontazgo (Verdaguer, 1931: 507)
La circulación entre las ciudades cuyanas, de Men-
doza, San Juan y San Luis, que a su vez conectaba con
Córdoba, Litoral y Buenos Aires, debían cruzar por zo
3 En sus estudios A. Higgins logró medir la distancia entre Mendoza y Santiago en 65,5 leguas, 43 de las cuales se podían recorrer a
caballo y los 22 restantes a pie, entre Hornillos y Punta de Vacas. Reconoció 10 lugares donde habitualmente paraban los viajeros, por lo
cual, propuso construir 6 casetas en los siguientes lugares: Ojos de agua, Alto las lagunas, Cumbre de la cordillera, las Cuevas, Puente del
Inca y Punta de las vacas. Esos resguardos fueron construidos con cal y ladrillos, con un tamaño de 6 varas en cuadro y 3 varas de alto,
más una puerta; en su interior debía colocarse una caja o armario de madera para guardar comida, y consideraba indispensable guardar a
partir del mes de abril en cada una de ellas, 1 quintal de charqui, 1 arroba de azúcar, más ají y leña. En 1772 se nalizaron las tareas y dos
años después, el gobernador Jáuregui ordenó construir dos casetas más en los lugares de Las Cuevas y Caracoles (Méndez, 2009: 38/sig.).
Figura Nº 2 Vías de Comunicación del siglo XVIII
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nas de difícil acceso ya que se jalonaban en el trayecto
las travesías
4
. Por ello es que se habilitaron nuevos ca
minos y puentes (Méndez-Fanchin, 1999:121-
124)
5
. En el tránsito regional uno de los principales obs-
táculos lo ofrecía el cruce del Desaguadero –río colector
de aguas provenientes de los cursos uviales de la región
cuyana-, se habilitó en 1754 el camino del Bebedero –
llamado así por la presencia de aguadas en la zona que
atravesaba- aunque en la época fue más conocido como
“camino nuevo†y se esperaba que supliera al anterior,
que por contraste pasó a denominarse “camino viejoâ€.
La cuestión es que en los albores del siglo siguiente ha-
bía cinco caminos alternativos, y es que los mismos ha-
bían sido trazados por los propios transeúntes a efectos
de evadir el pago de impuestos que se les exigía en el
cruce de la ruta ocial (Méndez-Fanchin, 1999: 121).
Control de las poblaciones campesinas y
reactivación económica
Es sabido que, en la organización del espacio
colonial, los centros mineros dinamizaron el sistema
económico. Entre los múltiples problemas que debió
afrontar la corona durante el siglo XVIII, uno fue la decli-
nación de la producción minera desde nes del siglo an-
terior lo cual motivó el afán por promover la búsqueda
o reactivación de otros sitios potenciales de explotación.
Este propósito estuvo presente al momento de plantear
una política poblacional.
El llamado tradicionalmente Norte Chico chile-
no, con un gran potencial minero, fue el área privile-
giada para la instalación de centros poblacionales. Los
hombres del siglo XVIII estaban convencidos de que el
destino de la región estaba íntimamente ligado a la mi-
nería y aunque la mayoría sostenía que la riqueza que
producía, especialmente oro y plata, era necesaria para
equilibrar la balanza de pagos del reino, los más visio-
narios supusieron que podía convertirse en un elemen-
to dinamizador de la economía (Pinto Rodríguez, 1981:
14).
Sin lugar a dudas, el afán por reactivar estas explo-
taciones –incluyendo también las áreas comprendidas
del otro lado de la cordillera –en la actual Argentina- ha-
bría de estimular las primeras etapas del proyecto fun-
dacional del siglo XVIII.
El proceso se inicia con la fundación de Quillota en
1717
6
, donde la existencia de minas de azogue concuer-
da con el repunte de la explotación de plata, uno de los
metales tradicionales –que conjuntamente con el oro y
el cobre- habrían de estructurar la economía colonial. En
ese entonces se impulsaba el laboreo de minas en Co-
piapó y se revalorizaba la extracción de ese mineral en
Uspallata. Sin embargo, por las dicultades interpuestas
por los criollos que eran una minoría dueños de los te-
rrenos, las medidas de reunicación urbana se retrasa-
ron por casi treinta años, y en otros tantos por mucho
más tiempo.
A partir de la década de 1740 la acción fundacional
cobró impulso, destacándose la fundación de San Felipe
el Real; Cauquenes, San Agustín de Talca y San Fernan-
do en 1742, Santa Cruz de Triana (Rancagua) y Curicó al
año siguiente. Luego, entre 1752 y 1755, el gobernador
Domingo Ortiz de Rozas reanudó la fundación de nue-
vas villas, tales como Illapel y La Ligua, entre otras. Nos
detenemos en estas últimas, no sólo porque ambas se
emplazaron en el partido de Quillota, sino porque las re-
ferencias historiográcas muestran procesos análogos a
los sucedidos en otros ámbitos, suscitándose problemas
semejantes en la aplicación de lo proyectado.
En 1752, durante el gobierno de Ortiz de Rozas se
fundó con el título de villa de San Rafael de Rozas de
Illapel, que luego sería más conocido como “Mineral de
Illapelâ€
7
. Los terrenos donde fue emplazado el asenta-
miento corresponden a los de dos importantes hacien-
das: la de Illapel –perteneciente a la familia Irarrázabal
(Marqueses de Pica)- y la de Choapa de Valeriano Ahu-
mada. La población que habría de instalarse en el nuevo
asentamiento estaba compuesta por peones asalaria-
dos, que por la declinación del sistema de encomiendas
constituían la mano de obra empleada en las haciendas
referidas; por esa razón los hacendados pronto manifes-
taron su disconformidad. Estas disyuntivas dilataron las
acciones por más de treinta años, hasta que el Presiden-
te Don Ambrosio O’Higgins ordenó el 12 de noviembre
de 1788 su reedicación, aunque removiéndola al asien-
to que hoy ocupa, al cual debían también trasladarse los
moradores dispersos en los parajes próximos. Sin em-
bargo, permaneció estacionaria a causa del desmedro
de las minas de oro en sus inmediaciones, reactivándose
en el siglo XIX (Camus y Rosenblitt, 2000).
Con respecto a La Ligua, fue fundada contem-
poráneamente a Illapel, en 1754, en el sitio donde se
encuentra actualmente. A comienzos del siglo XVIII era
habitada por unas pocas familias que arrendaban terre-
nos pertenecientes a la iglesia parroquial. Además, en
las cercanías residían otras cinco familias que comercia-
lizaban con los mineros, que por ese entonces habían
arribado en busca de vetas auríferas de fácil explotación.
Esta circunstancia motivó que fuera reconocida como
Asiento y que se designara un teniente de corregidor en
4 Las travesías son zonas despobladas que se caracterizan por la presencia de médanos, vegetación natural del monte como algarrobo y
chañar; en general, carentes de pastos para alimentar al ganado.
5 Hasta se planteó con vehemencia la derivación de aguas para disponer de vías navegables que facilitaran el cruce de travesías (AGI,
Audiencia de Chile, 38: 138-139).
6 Los terrenos elegidos para su instalación fueron donados por su propietario, el hacendado Alonso Pizarro, quien asumió el compromiso
de vender el resto de tierras requeridas por el valor de 150 pesos la cuadra. Así, esta como posteriormente Los Andes serán las únicas
poblaciones en las cuales los vecinos tuvieron que pagar para adquirir los solares (Lorenzo, 1986: 23).
7 Con esa denominación gura en el empadronamiento general de población de 1777 (AGI, Audiencia de Chile 177).
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en representación del corregidor justicia mayor de Qui-
llota, jurisdicción de la que formaba parte. La actividad
minera se concentraba en minas del cerro de Pulmahue
–a tres leguas del asiento- que eran explotadas por mi-
neros independientes –pirquineros, aviadores y hacen-
dados de las vecindades-. Pronto comenzaron a arribar
migrantes, cada vez más numerosos, que se instalaron
en las proximidades del último trapiche –de los cuatro
que había en funcionamiento-.
Si bien este nuevo sitio era adecuado para satisfa-
cer las necesidades de abastecimiento de los mineros,
contravenía la disposición legal que determinaba la dis-
tancia de una legua con los lugares de explotación (Me-
llafe y Salinas, 1988: 37) y porque despertó la oposición
de varios sectores.
La autoridad local no pudo controlar el nuevo po-
blado dada la distancia y la acción de los mercaderes del
antiguo asiento y del principal hacendado del partido,
el Marqués de Pica –don Miguel de Andía Irarrázabal
y Bravo de Saravia- dado que el sitio se hallaba cerca
de su hacienda de Pullally y ocasionaba que sus indios
encomendados abandonaran sus faenas y adquirieran
provisiones en otros lugares y no en las pulperías de su
propiedad. Por otra parte, estos recién llegados les sig-
nicaban competencia; he aquí que ejercieron presión
ante las autoridades causando la devastación del nuevo
asentamiento.
Fue entonces cuando el gobernador Manso de Ve-
lasco ordenó al corregidor de Quillota que analizara la
situación, atendiendo resolver el problema en benecio
de la actividad minera. La cuestión era unicar dos al-
deas separadas por ocho kilómetros, mediando la con-
frontación de intereses entre los sectores involucrados.
En denitiva, a pesar de haberse formalizado la
fundación de la villa de La Ligua en 1754, fue inviable su
materialización porque no se aplacaron las desavenen-
cias y nalmente el sitio acordado pasaría a ser conocido
como el paraje El Rayado, en alusión al trazado de calles
y división de solares que se llevó a cabo (Mellafe y Sali-
nas, 1988: 46).
Recién a n de siglo, en 1789, bajo la gestión de
don Ambrosio O´Higgins, luego de un reconocimiento
técnico de la zona, se determinó que el sitio más ade-
cuado era el viejo asiento y se dispuso el traslado com-
pulsivo de los habitantes. Estas medidas no aplacaron
los desacuerdos, pues los damnicados elevaron sus
quejas al propio Rey. Lo cierto es que como consecuen-
cia de tantas oposiciones, la ciudad quedaría organiza-
da política y administrativamente a nes del siglo XVIII,
pero sólo será poblada a mediados del siglo XIX.
8
Estas situaciones que obstaculizaban las acciones
emprendidas por los funcionarios hispanos se repro-
dujeron en otros ámbitos donde se pretendía aplicar la
política de nuevas poblaciones.
9
Los terratenientes se
resistían a ceder el poder señorial que ejercían y el resto
de los habitantes porque no prestaban conformidad a
dejar los sitios donde se hallaban establecidos. Esto últi-
mo resulta aún más comprensible si se tiene en cuenta
que los lugares donde habrían de trasladarse no eran
apropiados por carecer de recursos naturales o porque
ya estaban ocupados. Retomando el caso de La Ligua,
también llegaron a fundarse tres pueblos de indios. El
primero de ellos se estableció en la hacienda de Valle
Hermoso en 1756 y congregó a los indios de la enco-
mienda de don Juan Antonio Roco, propietario del sitio.
Los otros dos pueblos fueron fundados a n de siglo
en donde se emplazaban otras haciendas –el Ingenio
y Pullally. Sus habitantes continuaron trabajando estas
propiedades, aunque no como encomendados porque
para ese momento ya se había suprimido el sistema de
encomiendas.
Al este del cordón andino, tampoco prosperaron las
fundaciones en Mogna, ni San Miguel de Las Lagunas;
diversos informes delataban a comienzos de siglo la pre-
sencia de familias de aborígenes y mestizos que vivían
dispersos, resistiéndose a toda forma de sujeción (Tjarks,
1958: 236-237).
Los terrenos más adecuados, especialmente por
disponibilidad de agua en cantidad y calidad suciente,
estaban en manos de descendientes de terratenientes y
encomenderos.
En la zona de Lagunas, los naturales de San Mi-
guel fueron intimados a mudarse al nuevo pueblo de
la Asunción. En verdad, las ventajas que les señalaron
para que aceptaran la mudanza no ofrecían ningún ali-
ciente. Por un lado, las autoridades se comprometían a
autorizarles para conducir sus ganados al sitio anterior
que disponía de pasturas, y por otro, les garantizaron el
suministro de herramientas para construir una acequia.
Finalmente, como la población se rehusaba al traslado,
se dispuso trasladarlos “atadosâ€.
10
Para resolver estas situaciones hasta llegó a propo-
nerse que se establecieran extranjeros, sobre quienes a
la sazón –más que nunca- se ordenaba su destierro (Fan-
chin, 2015: 107-110). Pero como esta iniciativa resultó
inviable, el repartimiento fue llevado a cabo en favor de
los habitantes que residían en la zona.
No obstante, también éstos manifestaron resisten-
cias y a pesar de constar actas fundacionales las villas
y pueblos habrían de permanecer bastante tiempo sin
materializarse.
A veces los obstáculos fueron fortuitos, pero otros
tantos eran consecuentes con una permanente aver-
sión para aceptar imposiciones desde el poder. Un claro
8 En 1820, un viajero se refería a ella como “un proyecto inacabado†(Schmidrmeyer, 1947: 254-255).
9 Rolando Mellafe y René Salinas, en su estudio sobre La Ligua (op.cit., 1988: 40) arman que “Los conictos que opusieron a la autori-
dad con los intereses particulares de mineros, comerciantes de alcoholes, pulperos y hacendados se constituyeron en un fenómeno general
que se repite constantemente a lo largo de todo el territorio. Casos similares se dieron en Limarí, Petorca, Talca, etc.â€.
10 AGI, Audiencia de Chile, Leg. 138, fs. 22 y 133.
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ejemplo son los avatares sucedidos en San José de Já-
chal, en la jurisdicción de San Juan, relatados por el fun-
cionario encargado de realizar el establecimiento de la
villa, don Juan de Echegaray. En su informe a la corona,
elevado en año 1754 -tres años después de haber for-
malizado la fundación- manifestó que cuando se estaba
llevando a cabo el repartimiento se desató una epide-
mia de chavalongo
11
, hecho que motivó la dispersión
de los nativos que huyeron despavoridos a refugiarse en
las serranías de la zona. Ellos mismos confesaron que
no solo le temían a la muerte, sino a tener que pagar
derechos de entierro que les exigía el nuevo orden
12
. En
esa información también se rerió a los malos recuerdos
que albergaban los pobladores por el comportamiento
de curas o sus tenientes que en distintas oportunidades
habían ido a evangelizarlos, calicándolos como verda-
deros apóstatas. Además, añade a los argumentos que
justicaban la dilación en concretar los repartimientos:
“… según e recogido versiones de ancianas indias
transmitidas de padres a hijos por generaciones los ca-
ciques de Jáchal no permitían a los españoles realizar
plantaciones para evitar que se establecieran [de noche
arrancaban sus sembradíos]
13
.
Tiempo después, ya separada la región del Reino
de Chile y bajo la dependencia de la Gobernación In-
tendencia de Córdoba del Tucumán, el Marqués Sobre
Monte retomaba con bríos las acciones pertinentes para
efectivizar las fundaciones.
En su informe de 1785 (Videla, 1962: 873-882) des-
tacaba el inconveniente causado por las adjudicaciones
de tierras realizadas por la Audiencia de Chile, porque
tratándose predominantemente de indios y mestizos
mantenían sus formas de vida ociosa, sin pagar tributo y
robando ganado de las estancias. Con respecto a Jáchal
armaba que en la villa habitaban unas 400 personas.
Esta apreciación denota una subestimación, quizás con
la intencionalidad de promover una redistribución de las
tierras. Anteriormente, en 1777, habían sido empadro-
nadas 761 personas, de las cuales sólo un 5% era espa-
ñola, un 62 % indios, 29% mestizos y un 4% mulatos.
Es decir, la versión del Marqués resulta poco plausible,
pues la población denotaba un aumento que se ree-
jaría más tarde en 1812 cuando los cómputos indican
que se había cuadriplicado. El principal estímulo gira-
ba en torno a la explotación de las minas de Huachi y
Gualilán en esta jurisdicción; los denuncios de vetas se
intensicaron a n de siglo y después de las guerras de
independencia (Fracapani, 2014).
Con respecto a Valle Fértil, también en jurisdicción
de San Juan, después de varios intentos frustrados para
establecerla –similares a los ocurridos en otros sitios- por
las dicultades en conciliar intereses entre sectores se-
ñoriales y subalternos (Fanchin, 2013), se concretó su
fundación en 1788 por la rme decisión del Marqués
Sobre Monte.
Entretanto, bajo el gobierno de Ambrosio O’Hig-
gins, entre 1788 y 1796, se sumaron otras fundaciones,
como Los Andes (1791), que por su proximidad con la
ruta cordillerana pasó a cumplir un importante papel
con respecto a la prestación de servicios a los viajeros;
mientras que Constitución, Los Ãngeles y refundación
de Osorno, tuvieron el cometido de asegurar la paz y
avanzar sobre territorio mapuche.
Estas acciones se complementaron con centros
poblacionales situados al sur de Mendoza (San Carlos
y San Rafael),
14
Pulgas (actual Mercedes al sur de San
Luis) establecida en 1756, pero materializada a n de
siglo durante la gestión del gobernador intendente de
Córdoba del Tucumán, Marqués Sobre Monte. En esa
instancia, al nalizar la centuria, con nes estratégicos
se completaba la obra fundacional, tanto en la capitanía
de Chile, Cuyo y sur de Córdoba –como Concepción de
Río Cuarto en 1786 (Carbonari y Cocilovo, 2004: 23)-
situadas en áreas vulnerables a los ataques de indios y
cuatreros.
4. CONCLUSIONES
En este trabajo se han considerado los principales
centros urbanos establecidos en el siglo XVIII en Chile
y en la región de Cuyo, teniendo en cuenta que en ese
entonces el límite no era considerado en sentido longi-
tudinal como lo será después de la consolidación de los
estados nacionales; por el contrario, el cordón monta-
ñoso, más que una barrera infranqueable, fue duran-
te la época colonial un espacio permeable, transitado
en forma regular y frecuente. A través de portezuelos
o boquetes, se mantuvo una uida comunicación entre
ambas laderas de esa cadena orográca. Esta dinámica
era continuidad de representaciones y prácticas ances-
trales, las que en gran medida alentaban el diseño de la
nueva política fundacional para revertirlas. Pero, tanto
11 Ese término es de origen mapuche y con él se designaban ciertos males que presentaban síntomas anes a su signicado: dolor o
abatimiento de cabeza; así es que pudo ser ebre tifoidea o viruela como sostuvo Barros Arana (1884).
12 Ibídem., Informe elevado por don Juan de Echegaray.
13 Ibídem., fo. 184
14 Para asegurar a las poblaciones de Uco y Jaurúa, se fundó en 1771 el Fuerte de San Carlos, que como consecuencia de ataques debió
ser reconstruido en 1785, conformando una villa escasamente poblada por cinco vecinos y que a comienzos del siglo XIX contaba con 342
habitantes. Luego, el avance de la ocupación hacia el sur motivó la fundación de San Rafael, a las márgenes del río Diamante. A principios
de 1805, se hallaba delineada la calle principal y contaba con nueve cuadras de trigo y tres de maíz. En 1807 allí se emplazaban doce
ranchos, además de las habitaciones del fuerte y una población de 152 almas (Marfany, 1938: 286-287).
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hacendados fueron los factores que habrían de demorar
las fundaciones de villas y pueblos.
En el telón de fondo de estos cambios propiciados
por la corona estaba el interés por controlar precisa-
mente ese tráco comercial; por un lado, para asegu-
rar la percepción tributaria, y por otro, potenciar áreas
productivas. En tal sentido se emprendieron obras de
infraestructura hídrica –fundamentales en la región, ya
que presenta marcados signos de aridez-; también, se
promovieron acciones tendientes a reactivar la explota-
ción minera –aumentando los denuncios e inscripción
por parte de particulares de vetas de oro, plata y cobre
en la región-. Así es que en esas villas y pueblos se con-
centró la mano de obra que demandaba esta actividad,
contando entre sus habitantes a azogueros, aviadores,
como también arrieros y hacendados que se potencia-
ban como importantes latifundistas.
Los sitios escogidos estaban perfectamente interco-
nectados por una red vial que posibilitaba una perfecta
articulación. Sin lugar a dudas, se trató de una política
coherente y ordenada, en la que se pueden distinguir
tres momentos: uno, desde las primeras décadas de la
centuria, cuando comenzó a diseñarse el proyecto, con
el primer ensayo fundacional en Quillota; luego, cuando
cobra impulso en las décadas de 1740 y 1750, y nal-
mente, una última etapa – en la que funcionarios de cla-
ro tinte borbónico, como Ambrosio O´Higgins al frente
de la Capitanía de Chile y Sobre Monte como Goberna-
dor Intendente de Córdoba del Tucumán- reforzaron las
medidas para consolidar los centros urbanos estableci-
dos en la etapa anterior y fundando otros con el n de
fortalecer la dominación de la frontera en el sur, disci-
plinar población dispersa que era requerida como mano
de obra y propiciar el desarrollo económico de la región.
Ana T. Fanchin - Sonia V. Codina| DISEÑO DE UNA PLANIFICACIÓN URBANA Y ARTICULACIÓN ECONÓMICA REGIONAL... P P. 33-42
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